Presidente anuncia firma de decreto que reforma a la aplicación de la regla fiscal y beneficiaria el presupuesto necesario para la niñez y adolescencia vulnerable.
Por Revista MJ
Presidente anuncia firma de decreto que reforma a la aplicación de la regla fiscal y beneficiaria el presupuesto necesario para la niñez y adolescencia vulnerable. La Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Cosecodeni) envió recientemente una misiva dirigida tanto al presidente Rodrigo Chaves como a la Vicepresidente Mary Munive. La carta solicitaba atender con prontitud una brecha en la asignación de presupuesto para el segundo semestre del 2022 al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por un monto de ¢16.335.675.038,80, fondos que se dirigen a organizaciones de diverso tipo y que son responsables del cuido y atención de aproximadamente 13.557 niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo social, bajo convenios firmados con el Ente Rector.
El monto faltante fue señalado por la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN), organización que también ha solicitado al gobierno que actúe con la celeridad necesaria, ante la cercana realidad de un incumplimiento de convenios firmados con el PANI por falta de fondos para el segundo semestre del 2022. De continuar esta situación, se pondrían en riesgo múltiples programas para apoyar a personas menores de edad vulnerables socialmente.
De acuerdo con Cosecodeni, la solicitud a Presidencia procura tanto que se cubra el faltante presupuestario como solicitar la asignación de un presupuesto permanente y sostenido para las organizaciones orientadas a la atención de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad social, el cual, sea contemplado dentro del presupuesto ordinario para el próximo año fiscal 2023.
“La situación actual no es nueva, en los últimos años, desde COSECODENI, hemos venido insistiendo en la necesidad de un diálogo que permita un acuerdo firme, desde el que se asegure que los recursos destinados a los programas de atención, protección, desarrollo integral y redes de apoyo, sean sufragados desde el contenido presupuestal ordinario de las instituciones aprobado en el Congreso anualmente”, señalaba la misiva enviada al primer poder de la república.
Entre los 13.557 niños, niñas y jóvenes beneficiarios de los programas de atención y cuido que actualmente enfrentan el problema de los recursos no asignados, se incluyen menores de edad que están en cuido residencial, dentro de hogares solidarios, así como en Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (CIDAIS). Adicional a ellos, otro grupo que podría estar siendo afectado de manera directa por la brecha financiera es todo el personal que labora en la atención directa y de las familias que reciben el beneficio.
“Desde COSECODENI instamos al Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para solventar la situación descrita y conocida, es decir, por un lado, cubrir de manera inmediata la imperiosa necesidad actual de recursos financieros, a la vez que, asegurar una medida de solución permanente a lo que se ha vuelto una problemática sistémica en torno a la presión por recursos que abastezcan estos programas de atención y protección arriba mencionados”, señalaba el documento enviado a Presidencia.
El faltante actual afecta principalmente a centros residenciales que atienden a niños, niñas y personas adolescentes separados de sus familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo. Pese a que el PANI cuenta con 43 albergues, esto resulta insuficiente para la demanda actual, esto explica por qué el PANI firma convenios, precisos en sus alcances y responsabilidades, con múltiples ONGs que brindan albergue, alimentación, educación, vestido, cuidado de la salud, atención psicológica, recreación y servicios. En muchos de estos programas, los más especializados y para adolescentes, se brinda también orientación vocacional y se apoya su capacitación.
Una de las preocupaciones adicionales por parte de Cosecodeni es que muchas de las organizaciones con convenios, podrían tener que enfrentarse a una cancelación técnica de los servicios brindados, algo que sería crítico para el PANI en vista de sus limitaciones para afrontar la demanda de los servicios de cuido y apoyo para todos estos niños, niñas y personas adolescentes.
Una respuesta gubernamental
Ante las cartas enviadas tanto por Cosecodeni como por UNIPRIN y el Núcleo de Trabajo en Violencias, dos días después llegó una respuesta proveniente del despacho de la viceministra Dra. Mary Munive (21 de junio). De acuerdo con ella, “en el caso del PANI la prioridad es buscar los recursos necesarios que den continuidad a los programas fundamentales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad”.
De acuerdo con Munive, Presidencia y el Ministerio de Hacienda, hicieron una revisión de la ejecución de las transferencias enviadas a las ONG´s con el fin de facilitar la ejecución del presupuesto ya asignado y darle continuidad a la gestión de las asociaciones para que ningún menor de edad se quede en condición de desamparo.
Como resultado de esta evaluación, Presidencia determinó que el PANI, a partir de remanentes presupuestarios del primer semestre del 2022 y mediante recursos propios, podría financiar un monto aproximado de dos mil millones de colones, disminuyendo así una parte del faltante de los más de 16 mil millones pendientes.
Adicionalmente, otra ruta de solución propuesta por el Gobierno Central es cerrar la brecha de recursos a través de un presupuesto extraordinario, el cual se puede gestar tanto mediante una recolecta entre instituciones que tienen recursos remanentes, o bien, con recursos nuevos a partir de la valoración de la necesidad por parte del Ministerio de Hacienda.
Además, posterior al Consejo de Gobierno del 22 de junio, el presidente Rodrigo Chaves explico la firma de un decreto que flexibiliza la aplicación de la regla fiscal, parte de su exposición mencionó el problema actual del PANI que “no puede hacer transferencias a organizaciones gubernamentales que tienen 13 mil menores.
